El plan de racionalización que aprobará el Gobierno a finales de abril contempla, entre otras medidas, la eliminación de altos cargos públicos. La Administración central cuenta con 547 altos funcionarios, mientras que el número en las comunidades autónomas asciende a 3.838, según el recuento realizado por el sindicato USO el año pasado. Por ministerios, el de Justicia es el que tiene más altos cargos (137) y Vivienda y Cultura son los que suman menos, sólo siete.
El Consejo de Ministros decidirá el próximo 30 de abril qué secretarías y direcciones generales se eliminarán, lo que está creando tensiones en el seno de la Administración. De momento, la Secretaría de Estado para la UE, dirigida por Diego López Garrido, es probable que desaparezca una vez España abandone en julio la presidencia de turno de la UE.
En cualquier caso, una reforma en profundidad debería contar con las comunidades, donde se agrupan la mayor parte de altos cargos. Por otro lado, la descentralización autonómica queda patente cuando se recuentan los funcionarios. Así, la Administración central ha reducido en 173.226 el número de empleados desde 2001. Y las comunidades autónomas y las corporaciones locales, en ese mismo periodo de tiempo, han elevado el número de funcionarios en 412.861 y 89.594, respectivamente.
Si bien el aumento se debe, en parte, al incremento de la población y la mejora del Estado de bienestar, los datos también parecen indicar que se producen solapamientos entre las tres Administraciones.
Los Gobiernos regionales han pasado de destinar 30.000 millones de su presupuesto en pagar los salarios públicos en 2002 a 56.500 millones en 2010. Un incremento del 85%. Los Ejecutivos autonómicos gastan el doble que la Administración central en abonar los salarios públicos.
Las comunidades cuentan con 1,3 millones de empleados por 627.000 las corporaciones locales y 583.400 la Administración central. La diferencia se debe a que las competencias de sanidad, educación y servicio sociales recaen en las comunidades autónomas.
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